Desde que las nuevas autoridades autonómicas (casi todas del PP) tomaron posesión de sus cargos nos hemos ido enterando de cosas asombrosas. Por lo que dicen estos señores, la economía de las comunidades autónomas que gobernaron los socialistas estaba en quiebra, las deudas son inmensas, no se pagaban las facturas, y los funcionarios, sobre todo profesores y maestros, no trabajaban lo necesario. Lo que nadie nos explica es cómo todo eso no se había notado antes desde los bancos de la oposición que goza de medios sobrados para controlar al gobierno y requerir datos. Si damos por cierto lo que afirma la señora De Cospedal, hemos de deducir que la comunidad de Castilla-La Mancha era una gigantesca tramoya administrativa que ocultaba la realidad a los ciudadanos. Un enorme decorado de cartón piedra donde eran bien visibles los rótulos de Hospital, Escuela, Asilo, o Depósito de Sementales, sin que detrás hubiera otra cosa que los encargados de mantener el engaño en pie. Más o menos como sucede en los teatros y en los rodajes de las películas. Lo milagroso es que todo eso no se hubiera venido antes abajo. Y más milagroso todavía que en una situación de ruina, y con los funcionarios sin pegar ni golpe, se siguieran pagando las nóminas y prestando los servicios básicos (sanidad, educación, etc.). En los primeros días del cambio, hubo situaciones chuscas como el cierre de las farmacias manchegas ante la amenaza oficial de que no había dinero para pagar los suministros adeudados. Y hasta advertencias de una posible modificación legal para permitir que empresas distribuidoras sustituyesen en sus funciones a los despachos de farmacia. Con el paso de los días, la situación parece haberse tranquilizado (nada aquieta más el ánimo que el roce de las posaderas sobre los mullidos sillones de mando), pero ahora tenemos en el telar de los líos el conflicto con el profesorado de la enseñanza pública. Según nos cuentan los nuevos gobernantes autonómicos, los maestros y profesores trabajan poco, apenas 20 horas a la semana, y hay que aumentarles la jornada lectiva entre dos y cuatro horas para que puedan cumplir bien su función. Cualquier persona medianamente informada sabe que eso es mentira porque el profesorado, además de dar clases, tiene que prepararlas, poner y corregir los exámenes, atender a los padres y cubrir las tutorías. Aparte de estudiar y estar siempre al día, con lo que la jornada legal se extiende hasta las 37 o 40 horas. En realidad, el objetivo de esta reforma es reducir las plantillas, prescindir de los interinos y cargar con más clases a los fijos, lo que redundará inevitablemente en una rebaja de la calidad de la enseñanza pública. La agresividad demagógica contra los funcionarios empieza a ser preocupante. Puestos a seguir el discurso de la señora de Cospedal y de doña Esperanza Aguirre, habría que afearle al Rey (nuestro primer funcionario) que solo dedica una escasa parte de su tiempo a recibir visitas, a los militares que solo trabajan en los desfiles, a los jueces que solo curran en las audiencias, a los médicos que solo justifican el sueldo en la consulta a los enfermos, y así sucesivamente. ¿Y qué decir de los políticos, que se pasan el día hablando mal los unos de los otros? A mi entender, y al de muchos, sobran políticos, y haríamos un gran ahorro si suprimiésemos a buena parte de ellos. Por cierto, casi todos los líderes del PP son funcionarios.
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