PÚBLICO, 25-9-2011
Los gobiernos autonómicos de derecha (PP y CiU) que están impulsando recortes en la educación y la sanidad pública intentan convencer a los ciudadanos de que los ajustes son inevitables. No es cierto. Claro que hay que mejorar los desequilibrios presupuestarios, pero destruir plazas de profesores o cerrar hospitales es una decisión política, no una verdad revelada. Y nadie impide a dichos gobiernos subir impuestos o eliminar desgravaciones fiscales para recaudar el dinero que necesiten para garantizar la calidad de los servicios sociales básicos.
El ataque contra la educación y la sanidad pública responde al credo neoliberal. Cuando Esperanza Aguirre lanza su declaración de guerra contra los profesores, cree que es una operación que le ayudará doblemente en su objetivo de deteriorar la enseñanza pública: al reducir el número de profesores es evidente que empeora la calidad y, además, aprovecha las protestas para propagar una mala imagen de los centros públicos y extender así el miedo entre los padres, de forma que se planteen enviar a sus hijos a colegios concertados o privados.
Se trata, por supuesto, de convertir la educación en un negocio. Y por eso se plantea con descaro la posibilidad de ir eliminando la gratuidad de la enseñanza. Pero no sólo. La derecha sabe que para lograr esa hegemonía cultural que teorizó Gramsci es fundamental inculcar sus valores a los jóvenes. Y frente a la neutralidad de la educación pública, a nadie se le escapa cuál es la ideología de más del 90% de los colegios concertados o privados.
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