Bankia, Dívar, reforma laboral, manipulación de las instituciones: si hubiera un plan para deslegitimar al Estado, no podría ser mejor
Desde luego, lo que no falta son motivos para una pitada general política. Un escueto repaso de la actualidad de las últimas semanas basta para dibujar el escenario que la provoca, la reclama. La máxima autoridad judicial del país, Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, ha sido pillado con las manos en la masa pagándose largos fines de semana de lujo en Marbella con el dinero de todos; el rey Juan Carlos ha sido descubierto cazando elefantes en Àfrica en el mismo momento en que el Reino de España estaba en grave riesgo de quiebra financiera; el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sentenciado que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el regulador del sistema bancario español, se equivocó nada menos que en la forma de afrontar la crisis financiera; mientras garantiza 23.500 millones de euros de dinero público para resolver la quiebra de Bankia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se niega a que se abra una investigación parlamentaria sobre el enorme pufo financiero de la entidad que dirigía Rodrigo Rato, aquel mago de la economía de los Gobiernos del PP en la etapa de José María Aznar.
De forma simultánea, Rajoy y el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se disponen, dicen, a acordar la renovación de una serie de instituciones centrales del Estado que llevan años bloqueadas. Se trata del Tribunal Constitucional, el Tribunal del Cuentas del Reino, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE. Este bloqueo es una de las más ilustrativas muestras de la profunda deslealtad de la derecha para con la sociedad española. Cuando está en la oposición, el PP desvirtúa la exigencia legal de mayoría parlamentaria cualificada para renovar estas instituciones, tres quintos, dos tercios del Congreso, etcétera, según el caso, y se constituye en minoría de bloqueo. O se renueva con candidatos conservadores o no se renueva. Y así hasta que vuelve a haber una mayoría parlamentaria y un Gobierno conservador, como ahora.
Parece difícil encontrar una mejor demostración de la concepción patrimonial del Estado que anima a la derecha. O controla las instituciones centrales del Estado o está dispuesto a desprestigiarlas lo que haga falta. Es lo que ha hecho en casos tan delicados como el del Tribunal Constitucional, cuya renovación parcial congeló hace cuatro años para mantener una mayoría contraria al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es lo que esta haciendo ahora, al echar fango sobre el Banco de España, justo en el momento en el que estalla la fusión bancaria surgida de las grandes cajas de ahorros controladas por Gobiernos regionales del PP, las de Valencia y Madrid. Es también lo que acaba de hacer al cambiar la ley que rige los nombramientos del consejo de RTVE, para hacerlo depender directamente del Gobierno y no del Parlamento.
Pero por muy difícil que parezca, aún hay mayores muestras de esta concepción patrimonial del Estado que caracteriza al PP. La burbuja inmobiliaria fue causa y consecuencia a la vez de una borrachera de poder y dinero que ha extendido como mancha de aceite la cultura de la impunidad en el disfrute del Estado como fuente de beneficio económico personal, tanto da si legal o no. No es por azar que la red Gürtel de financiación irregular del PP y sus múltiples derivaciones surgiera de la Comunidad de Madrid y derivara a la de Valencia. Tampoco lo es que haya sido en las Islas Baleares gobernadas por el PP donde estas concepciones salpicaran incluso al yerno del Rey. Política y dinero, juntos y revueltos.
Claro que hay motivos para una pitada general política como la del sábado en el estadio Calderón de Madrid. Ahí están Bankia y Dívar. El Tribunal Constitucional ya deshizo el Estatuto catalán, como quería el PP. El Gobierno ya ha retomado el control de RTVE. Francisco Camps ya fue absuelto. Las relaciones laborales ya han sido desreguladas. La sanidad pública ya da menos. La enseñanza ya cuesta más. Los sueldos ya son más bajos, y los precios, más altos. Las pensiones ya están congeladas. ¿Cómo no va a haber pitada general? Si hubiera un plan para la deslegitimación del Estado, no podría ser mejor. Lo extraño es que solo haya una pitada general.
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