ARTURO GONZÁLEZ: "EDUCACIÓN"

PÚBLICO, 21-9-2012



Ya conocen la definición que frecuentemente se hace de la cultura como aquello que queda después de olvidar todo lo que aprendimos. Pero no es cierta esta exquisitez conceptual: lo que aprendimos, lo que sabemos, lo que nos enseñaron, constituye la educación, que es el tak, el escáner, la resonancia magnética y mental de nuestra vida pasada y actual. La educación es la impronta cultural de nuestra existencia, el periodo que confirmó y marcó a perpetuidad nuestro futuro.

Por eso resulta sobrecogedor el proyecto de Ley que el Gobierno se dispone a presentar sobre la educación. Ya cercenada la Educación para la Ciudadanía en materias de derechos y usos civiles, ahora se atreve a ultrajar a los colegiales, estudiantes, padres y maestros de una España limpia, no hundida en la tenebrosidad de su historia y de sus tradiciones más negras.

Esta ley supondrá una vuelta a la educación franquista, entregándola a y potenciando lo privado y lo religioso en sus vertientes más dañinas. Es un brutal, desmedido e inaceptable contraataque a la Constitución española, que ya era y es bastante conservadora de ‘libertades’ pasadas.

Se adorna con todo tipo de trabas para que los jóvenes lleguen a la Universidad, con pruebas y más pruebas selectivas enteramente innecesarias. Como si el Gobierno temiese los dopajes de los estudiantes más desprotegidos para esquivar tales trabas o dificultades.

Se reduce la Formación Profesional, como históricamente, a una resaca, coche-escoba o camión de la basura para forzar y en consecuencia recoger a los colegiales que ‘no valen para lo otro’, para lo bueno, para lo selecto. Reduce a unos estudiantes a la humillación de una enseñanza sin categoría. La Formación Profesional seguirá siendo con esta ley el hermano bobo y pobre de la familia.

Supone un ataque frontal al Estado de las Autonomías, recogiendo las posturas más centralistas, manipulando sus señas de identidad, y retrocediendo en las competencias transferidas. Obligará a que el 75% de los programas educativos sean los que el Gobierno imponga. Catalunya, País Vasco y Andalucía serán los únicos focos de resistencia y decencia.

Es obvio que en su redacción están presentes las indicaciones de la Conferencia Episcopal, de las varias CONCAPAS, del Opus, de los catecúmenos kikos, y de todas las organizaciones que llenan España de mugre. Uno ya no podrá imaginarse al ministro Wert sin alzacuellos o incluso sotana. Rouco o Martínez-Camino no lo habrían hecho mejor.

Se aprovecha el Gobierno del poco interés que desgraciadamente provoca esta actividad trascendental de la educación. La paradoja es que la gente común, padres incluidos, pasan del tema. Se resignan, aceptan, lo ven bien. Dicen que quieren que sus hijos sean superiores a ellos en sabiduría y dignidad, quieren que como éxito de sus paternidades los rehabiliten en las insuficiencias educativas que ellos padecieron, pero en el fondo y realidad quieren que solo sean su continuidad y reproducción sin más: todo padre es un ejemplo a imitar. El Gobierno les apoya con esta ley vergonzosa.