Javier Zamora
JAVIER ZAMORA es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de León, ha completado su formación con estancias de investigación en el Massachusetts Institute of Technology, el Max-Planck Institut für Geschichte y el Colegio de México.
EL IMPARCIAL, 13-9-2011
En España ha costado dos siglos que haya educación pública de calidad. La hay, a pesar de que ciertos sectores intenten transmitir lo contrario e incluso varios responsables públicos del PP hayan contribuido a la mala imagen de la educación pública y del profesorado con un discurso insensato. Durante mucho tiempo, los maestros recibían su sueldo de los ayuntamientos, siempre escasos de fondos en el reparto del erario público. No es extraño, por tanto, que se hiciese famosa la frase “pasa más hambre que un maestro de escuela”. Los maestros malvivían de sus ingresos municipales y de la generosidad de los vecinos del pueblo, que pagaban las clases extraordinarias con gallinas, huevos, pan cuando no podían pagarlas con dinero... El abandono escolar no sólo era frecuente hasta bien entrado los años sesenta, sino que era la norma --especialmente en el caso de las mujeres--, para incorporarse a las tareas de la casa, al trabajo en el campo o en el pequeño comercio o simplemente porque el objetivo era encontrar rápidamente un empleo que permitiese llevar algún ingreso al hogar y empezar a ganarse la vida.
La gente con dinero prefería --y prefieren según las estadísticas-- que sus hijos estudiasen con “los curas” porque las clases media y alta española, entreveradas de un profundo conservadurismo, siempre han entendido que la educación es esencialmente buenos modales, disciplina y relaciones, adornados con una acumulación memorística de datos. Es difícil luchar contra este tópico que tanto daña el prestigio de la educación pública, la cual, como sabían los viejos maestros institucionistas --no se pierdan la biografía que ha escrito Isabel Sancho de María Sánchez Arbós--, tiene que fundamentarse en el principio de que es más importante educar que instruir, por decirlo con don Francisco Giner de los Ríos. Otro institucionista egregio, don Manuel B. Cossío, afirmaba: “Educar antes que instruir; hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable, y de cada cosa una semilla y un instrumento de cultivo”. Ortega decía que lo que de verdad merece la pena aprenderse no lo puede enseñar el maestro sino que sólo lo puede contaminar: el amor al saber.
Una buena educación pública es la mejor política de igualdad. La clase media española reniega mayoritariamente de este tipo de enseñanza y prefiere que sus hijos vayan a colegios privados concertados o privados si puede permitirse el lujo de pagarlos. Las estadísticas no muestran que estos colegios sean mejores pero, aun así, los miembros de la clase media española prefieren gastar dinero en pagar lo que creen que es una mejor educación para sus hijos sin ser conscientes de que con los muchos impuestos que ingresamos en las arcas estatales lo que tenemos que pedir es que mejore cada día más la educación pública y que el dinero de todos vaya a dotarla de mayores medios y calidad y no a subvencionar los colegios concertados, mayoritariamente católicos. Es cierto que a las Comunidades Autónomas les sale más barato el concierto con estos colegios que fundar otros nuevos, públicos, lo que supone construir instalaciones y mantenerlas, incluyendo el sueldo de los profesores, pero no creo que el principio económico sea el que deba regir únicamente en el sistema educativo.
Ahora varias Comunidades Autónomas han anunciado recortes o medidas que pueden dañar aún más la educación pública en vez de apostar por la misma en la necesaria transformación de la sociedad española en una sociedad del conocimiento. No se debe jugar con la imagen pública del profesor, presentándolo como un vago que tiene muchas vacaciones al año y que sólo trabaja 18 horas, cuando la realidad es que su jornada laboral es de 37,5 horas semanales. Las 18 horas son de clase. Invito a los políticos del PP que han hecho afirmaciones tan grotescas estos últimos días a que sigan la jornada laboral de un profesor de primaria o de secundaria durante esas 18 horas y vean lo que es lidiar con los alumnos, sobre todo de ciertas edades y con la cabeza en otro sitio.
Hay que prestigiar al profesorado público no sólo pagando el salario que su función social merece sino contribuyendo a dar realce a la misma, y hay que estructurar un buen plan de formación permanente del profesorado para una actualización continua de conocimientos. Nuestro futuro como sociedad va en ello.
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