EDITORIAL
En la década de los setenta, en las postrimerías del franquismo y durante la transición política, hubo un gran movimiento a favor de una escuela pública, gratuita, democrática, de calidad y adaptada a las distintas realidades. Una escuela pública que garantizara el derecho a la educación de toda la población, poniendo el acento en la atención a los sectores socialmente más desfavorecidos, para el logro de una mayor igualdad de oportunidades. Fueron tiempos ricos en debates y propuestas, en los que se tejieron sólidos compromisos y complicidades entre los diversos actores educativos y políticos, para que una buena parte de estos deseos se incorporaran a las leyes y políticas educativas del Ministerio de Educación y, de forma progresiva, de las diversas comunidades autónomas.
La andadura democrática recorrida en estas tres décadas de democracia ha dado sus frutos con la plena escolarización hasta los dieciséis años, mediante una enseñanza comprehensiva, la integración del alumnado discapacitado y del colectivo inmigrante, con sus más y sus menos en distintos momentos y comunidades autónomas, con algunas debilidades crónicas, como la elevada tasa de fracaso y abandono escolar –aunque este ha remitido ligeramente el pasado curso–, un presupuesto de educación siempre por debajo de la media europea y un innecesario empacho legislativo.
Pero, lo que tantos esfuerzos ha costado puede evaporarse en un santiamén. Porque los efectos de las inversiones con frecuencia no se visibilizan de inmediato y de forma llamativa, mientras que los recortes, como los que se están produciendo, pueden tener efectos devastadores a corto, medio y largo plazo. Hay algunos datos alarmantes que los medios de comunicación y los sindicatos han aireado de forma reiterada: el gasto público en educación cae por primera vez en 30 años, se paralizan las construcciones escolares, disminuyen los gastos corrientes en los centros, se suprimen puestos de trabajo de interinos, se convocan pocas plazas de oposiciones, aumenta el horario lectivo del profesorado, etc. Y, todo ello, en un curso con bastantes más escolares.
Huelga comentar aquí –ya se hace en algunas columnas de este mismo número– las cínicas, irresponsables e ignorantes declaraciones de una consejera de Educación, pero igualmente graves son las de quienes se limitan a decir que aquí no pasa nada y que en modo alguno va a resentirse la calidad de la enseñanza porque se optimizarán los recursos existentes. ¿Cuál es la receta mágica? Los centros han tenido que hacer encaje de bolillos para cuadrar horarios con menos docentes. En algunos lugares hay que meter más alumnos en el aula; en otros no habrá tutorías colectivas; y en otros se suprimen programas e intervenciones de acogida y refuerzo del alumnado social y culturalmente más vulnerable, que es siempre el más perjudicado en tiempos de rebajas.
También se cuestionan los programas de inmersión lingüística, de probado éxito pedagógico y social, de alguna comunidad autónoma. La pregunta es obvia: ¿podría haberse evitado esta avalancha de recortes en tiempo de crisis? Evidentemente, siempre que la política no estuviera tan sometida a los nuevos vientos neoliberales, a la voracidad de los mercados y a las recetas“milagrosas” de los causantes de la crisis.
Pero, además, –y esto lo han repetido hasta la saciedad un montón de expertos de reconocido prestigio– la educación no es un gasto sino una inversión de futuro, de la que depende en buena medida el progreso económico y cultural. También lo sostienen muchos políticos retóricamente en las campañas electorales, pero se olvidan de ello a la primera de cambio. Les falta convicción, sensibilidad y firmeza. Este inicio de curso se ha asestado un golpe severo al corazón de la escuela pública. Habrá que ver hasta qué punto afectará al desmantelamiento de un modelo educativo largamente acariciado y construido por el buen hacer del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa.
Este inicio de curso se ha asestado un golpe severo al corazón de la escuela pública.
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