CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, Nº 423, mayo 2012
"LO QUE HOY SE PIERDE EN CALIDAD, TARDARÁ MUCHOS AÑOS EN RECUPERARSE"
El sueño de una escuela pública digna, inclusiva y de calidad, que en los últimos decenios ha experimentado sustanciosos avances, merced a la presión y al sostenido esfuerzo de buena parte del profesorado y de otros agentes educativos y sociales, se desvanece con las tres sucesivas oleadas de drásticos recortes. La primera, de la que hemos informado detalladamente en diversos artículos y en las redes sociales, empezó a fraguarse a principios de curso y ha supuesto una merma considerable de recursos humanos y materiales.
La segunda, que supone una disminución del 21,2% del presupuesto de educación –uno de los ámbitos más afectados– implica, entre otras medidas, la supresión del programa Educa3; la caída en picado de la formación del profesorado –que pasa de 52 a 4 millones de euros–; la rebaja de un 11% de la partida de becas en Educación Superior; el descenso del 25% en Investigación y Desarrollo; la disminución del 66% de la financiación a las Comunidades Autónomas; y nada se dice del tramo 0-3 años, pensado más en clave asistencialista que educativa.
La tercera oleada de recortes, muy reciente, cuantificada en 3.000 millones de euros, conlleva el aumento de las ratios, se pasa de 27 a 30 estudiantes en Primaria, y de 30 a 36 en Secundaria; la ampliación del número de horas lectivas; la no cobertura de las bajas docentes durante las dos primeras semanas y la eliminación de la obligatoriedad de los institutos de ofrecer, al menos, los Bachilleratos de ciencias y letras.
Ello significa, según algunas primeras aproximaciones, prescindir de entre 50.000 y 80.000 profesores y profesoras –de un 10% a un 15% en cada centro–. En el ámbito universitario, la medida más llamativa es la subida de las tasas de matriculación en más de un 50%, lo cual, unido al tijeretazo en las becas, puede conllevar la exclusión de la Educación Superior del alumnado con menos recursos económicos.
Estos recortes afectarán, sin duda –de forma inmediata y más aún a largo plazo–, a la atención, acompañamiento, refuerzo y tutorización del alumnado, ante las dificultades de ofrecer una enseñanza individualizada y en pequeños grupos. Y, por otro lado, complicarán extraordinariamente la gestión del centro, la coordinación pedagógica, la formación permanente y el desarrollo de proyectos educativos, innovaciones y actividades que requieren un tiempo que ahora queda muy menguado. Es posible que una sola medida, como el aumento del número de alumnos por aula, no repercuta en la calidad de la enseñanza, pero la magnitud y la suma de todas las medidas aprobadas son un golpe letal para el funcionamiento, la mejora o la mera supervivencia de la escuela pública actual.
Es tremendamente injusto que la sanidad y la educación –dos de los pilares básicos del Estado del bienestar– sean los ámbitos más afectados. El derecho a la educación y la igualdad de oportunidades quedan seriamente dañados; más cuando, al propio tiempo, se ensayan y extienden procesos privatizadores, clasistas y segregadores en los que el dinero es más generoso. Pero, además, no se entiende que, a la hora de pensar en la salida de la crisis, el desarrollo económico y el futuro de la sociedad, no se invierta más en educación, conocimiento e investigación.
¿Son inevitables estos recortes? En absoluto. Aunque ello supone dar un giro radical, para dejar de perjudicar a los sectores más débiles y vulnerables y, en su lugar, gravar a las grandes fortunas, dejar de financiar a los bancos y terminar con las amnistías y los paraísos fiscales. Estas actuaciones, imprescindibles para garantizar la transparencia democrática y reducir la creciente brecha social entre ricos y pobres, permitirían, por ejemplo, igualar nuestro PIB (Producto Interior Bruto) en educación con la media del de los países de la Unión Europea.
Si las decisiones gubernamentales apuntadas no se corrigen, asistiremos a la crónica anunciada del progresivo desmantelamiento de la educación pública y al retorno a la situación de hace cuarenta años, en las postrimerías del franquismo. Lo que hoy se pierde en calidad puede tardar años, muchos años,
en recuperarse.
La segunda, que supone una disminución del 21,2% del presupuesto de educación –uno de los ámbitos más afectados– implica, entre otras medidas, la supresión del programa Educa3; la caída en picado de la formación del profesorado –que pasa de 52 a 4 millones de euros–; la rebaja de un 11% de la partida de becas en Educación Superior; el descenso del 25% en Investigación y Desarrollo; la disminución del 66% de la financiación a las Comunidades Autónomas; y nada se dice del tramo 0-3 años, pensado más en clave asistencialista que educativa.
La tercera oleada de recortes, muy reciente, cuantificada en 3.000 millones de euros, conlleva el aumento de las ratios, se pasa de 27 a 30 estudiantes en Primaria, y de 30 a 36 en Secundaria; la ampliación del número de horas lectivas; la no cobertura de las bajas docentes durante las dos primeras semanas y la eliminación de la obligatoriedad de los institutos de ofrecer, al menos, los Bachilleratos de ciencias y letras.
Ello significa, según algunas primeras aproximaciones, prescindir de entre 50.000 y 80.000 profesores y profesoras –de un 10% a un 15% en cada centro–. En el ámbito universitario, la medida más llamativa es la subida de las tasas de matriculación en más de un 50%, lo cual, unido al tijeretazo en las becas, puede conllevar la exclusión de la Educación Superior del alumnado con menos recursos económicos.
Estos recortes afectarán, sin duda –de forma inmediata y más aún a largo plazo–, a la atención, acompañamiento, refuerzo y tutorización del alumnado, ante las dificultades de ofrecer una enseñanza individualizada y en pequeños grupos. Y, por otro lado, complicarán extraordinariamente la gestión del centro, la coordinación pedagógica, la formación permanente y el desarrollo de proyectos educativos, innovaciones y actividades que requieren un tiempo que ahora queda muy menguado. Es posible que una sola medida, como el aumento del número de alumnos por aula, no repercuta en la calidad de la enseñanza, pero la magnitud y la suma de todas las medidas aprobadas son un golpe letal para el funcionamiento, la mejora o la mera supervivencia de la escuela pública actual.
Es tremendamente injusto que la sanidad y la educación –dos de los pilares básicos del Estado del bienestar– sean los ámbitos más afectados. El derecho a la educación y la igualdad de oportunidades quedan seriamente dañados; más cuando, al propio tiempo, se ensayan y extienden procesos privatizadores, clasistas y segregadores en los que el dinero es más generoso. Pero, además, no se entiende que, a la hora de pensar en la salida de la crisis, el desarrollo económico y el futuro de la sociedad, no se invierta más en educación, conocimiento e investigación.
¿Son inevitables estos recortes? En absoluto. Aunque ello supone dar un giro radical, para dejar de perjudicar a los sectores más débiles y vulnerables y, en su lugar, gravar a las grandes fortunas, dejar de financiar a los bancos y terminar con las amnistías y los paraísos fiscales. Estas actuaciones, imprescindibles para garantizar la transparencia democrática y reducir la creciente brecha social entre ricos y pobres, permitirían, por ejemplo, igualar nuestro PIB (Producto Interior Bruto) en educación con la media del de los países de la Unión Europea.
Si las decisiones gubernamentales apuntadas no se corrigen, asistiremos a la crónica anunciada del progresivo desmantelamiento de la educación pública y al retorno a la situación de hace cuarenta años, en las postrimerías del franquismo. Lo que hoy se pierde en calidad puede tardar años, muchos años,
en recuperarse.
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