Carlos Madrid Casado
CARLOS MADRID CASADO es profesor de Matemáticas de Bachillerato; ha publicado en Revista de Occidente, El Basilisco, El Catoblepas, Gaceta Matemática Española y Revista Española de Física.
Estimada Consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid,
Tengo 30 años, soy profesor de Enseñanza Secundaria —aunque también ejerzo en la Universidad- desde 2006, año en que gané la Oposición, y soy también uno de los miles de madrileños que os votaron, porque creen que el PP es mejor gestor que el PSOE, pero no así. Así no.
Perdona la osadía de querer escribirte unas letras, pero hace unos días pude escucharte en un programa radiofónico que ilumina las noches y, a continuación, verte en un gatuno programa televisivo. Y la serie de medias verdades que salieron a relucir en tu discurso me dejó perplejo. Hablabas de las instrucciones de inicio de curso que tu Consejería ha promulgado.
En primer lugar, afirmabas que los profesores trabajamos 18 horas semanales y que sólo se nos estaba pidiendo el esfuerzo de trabajar 20. Que ahora que hay crisis arrimáramos el hombro. Mientras te miraba incrédulo a través del televisor, se me ocurrió el siguiente símil: decir que un profesor trabaja 20 horas porque da 20 horas de clase a la semana era como decirle al presentador del programa que él sólo trabaja 10 horas semanales porque el programa dura dos horas diarias y sólo se emite de lunes a viernes. Obviamente, de haberle dicho esto, el presentador te hubiera replicado que las dos horas diarias de programa exigen muchas horas previas de preparación. Exactamente igual que le pasa a cualquier profesor. Los profesores trabajamos legalmente 37,5 horas semanales. De esas treinta y siete horas y media, 18 (ahora serán 20) son lectivas (de impartir clase), hasta 27 son para tutorías, guardias, evaluaciones, claustros, reuniones de departamento, reuniones con orientación y jefatura de estudios y, en especial, para atender a los padres de nuestros alumnos. El resto de horas hasta las 37,5 son para trabajar en casa, preparando clases, corrigiendo cuadernos o exámenes, etc.
Por tanto, lo que dictan las nuevas instrucciones no es un aumento de nuestro número de horas de trabajo, sino una redistribución de las mismas, que prima dar clases en detrimento del resto de nuestras funciones (prepararlas, llamar o recibir a los padres, coordinarnos con los compañeros, organizar extraescolares…).
Pero el verdadero problema no es éste. Aunque lo negaste sistemáticamente, bajo la cortina de humo de las 20 horas se oculta un significativo recorte del servicio público educativo, que afecta no sólo a los más de 5000 profesores interinos que se van directamente al paro, sino a los 1424 profesores funcionarios de carrera (aproximadamente 2000 si contamos los de Escuelas Oficiales de Idiomas y FP) que, habiendo sacado su Oposición, se han quedado sin plaza y se van a su casa (cualquier ciudadano interesado puede consultar su número y sus nombres en la página web de Recursos Humanos de Educación, bajo el eufemismo “funcionarios no asignados”). Y añadir que el resto, trabajando 20 horas, cubriremos su ausencia no es sino una mentira añadida.
Lo explicaré tomando como ejemplo el Centro al que pertenecía (y digo pertenecía, en pasado, porque soy uno de los cientos de profesores desplazados como consecuencia de la eliminación de su plaza). Hace dos años éramos 120 profesores, y el curso que ahora empieza lo hará con sólo 86 profesores. Uno podría pensar que si estos 86 profesores trabajan 20 horas de clase en lugar de las 18 habituales (aunque el año pasado bastantes profesores ya estábamos a 19 horas) serán capaces de cubrir el trabajo de los 120 profesores de partida. Pero las matemáticas no engañan. 120 profesores por 18 horas de clase da un total de 2160 horas de clase a la semana. Y, sin embargo, 86 profesores por 20 horas de clase da un total de sólo 1720 horas de clase a la semana. ¿A dónde han ido a parar las 440 horas de clase de diferencia? Se han perdido. Mejor dicho, la Consejería las ha suprimido. Pese a que el número de alumnos ha permanecido constante, el recorte en el cupo de profesores se traduce en que los Centros van a tener que eliminar grupos flexibles en Lengua y Matemáticas, desdobles en Inglés, laboratorios en Ciencias, clases de apoyo en materias suspensas… y, además, la ratio de alumnos/clase va a tener que aumentar notablemente. Y todo esto sin contar con que, para cuadrar el nuevo horario, múltiples profesores vamos a tener que enseñar materias en que no somos especialistas (en mi caso, en lugar de Matemáticas, explicaré Física y Química).
En la carta que la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, nos ha dirigido acompañando a nuestra ya disminuida nómina (no se olviden del tijeretazo del Gobierno Central), se nos dice que con estas medidas se ahorrarán 80 millones de euros. No lo niego. Pero la misma cifra se ahorraría si por ejemplo se suprimiesen ciertos conciertos educativos (ese engendro, entre lo público y lo privado, que ideó el PSOE) o, sencillamente, la exención fiscal de las familias madrileñas que llevan a sus hijos a la Enseñanza Privada. Estas familias ven cómo el Gobierno Regional les devuelve lo que en impuestos han pagado para Educación (hasta 900 euros). Todos debemos tener abierta la opción de poder llevar a nuestros hijos a un colegio privado o concertado en lugar de a uno público si así lo deseamos. La opción debe estar ahí. Por supuesto. Pero no tiene por qué ser gratis. La Administración no debe favorecer la Enseñanza Privada o Concertada en contra de los intereses generales, de la Enseñanza Pública.
La Educación Pública lo aguanta todo, excepto los recortes en capital humano. Podrán recortarse ordenadores, pizarras digitales y demás inventos tecnológicos de moda (y que a nuestros políticos les encanta mencionar en los mítines), pero lo que nunca puede faltar son profesores de carne y hueso, de tiza y pizarra. Son la pieza insustituible.
Y, por favor, si sinceramente se quiere reforzar la autoridad del profesor, que no se hable en los medios un día sí y otro también de los “privilegios” de los profesores. Pues estos no son privilegios, ¿acaso se tienen por ser hijo de tal o miembro del partido? No, son derechos, ganados en unos exámenes de oposición que son públicos y abiertos.
Por todo ello, estimada Consejera, te ruego que reconsideres la decisión tomada. Para los que creemos en el liberalismo, Educación, Sanidad y Justicia deben ser competencias de un Estado mínimo. En concreto, la Instrucción Pública —por decirlo como lo decían los liberales del XIX- es la garantía de la libertad y de la unidad nacional. Las Cortes de Cádiz fueron pioneras en la historia de España en proponer una educación elemental pública, universal y gratuita, secular y uniforme. Todos y, en particular, la Presidenta, Esperanza Aguirre, que fue Ministra de Educación, sabemos cómo la Enseñanza Privada y Concertada es un hervidero de nacionalismo en el País Vasco y Cataluña (de hecho, es bien sabido que su salida del Ministerio se debió a las presiones de Pujol ante Aznar).
El PSOE se ha cargado el contenido de la Educación y el PP lo está haciendo ahora con el continente. Es terrible. Pero aún se está tiempo de cambiar el rumbo. En todas las asambleas de profesores en que he estado en estos días ha habido consenso: todos aceptaríamos impartir 20 horas de clase siempre y cuando se volviese a los cupos de profesores que había y que permitían mantener la seña de identidad de la Enseñanza Pública: la atención a la diversidad, a todos los alumnos, sean cuales sean sus capacidades.
El 14 de Septiembre iremos a la huelga. Y toda huelga no es más que el fracaso de una negociación. Pero una cosa debe quedar clara: los profesores no nos manifestaremos por una cuestión laboral (de hecho, la mayoría no lo hicimos cuando Zapatero nos rebajó un 10% el sueldo, comprendíamos y comprendemos la coyuntura de crisis), sino por una cuestión de principios, de solidaridad con los padres y los alumnos de ayer, de hoy y de mañana, que tienen todo el derecho a recibir una educación pública de calidad.
Para contactar con el autor: carlos.madrid@educa.madrid.org
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